El día de ayer se presentó el IV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú que pretende identificar la situación existente en materia de conflictos sociales producidos por la actividad minera en las regiones de Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco durante el primer semestre del 2009. El informe indica que: "Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo en intensidad, lejos de haber encontrado canales de solución en los que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas mineras".
Lo que detalla el informe es lo siguiente:
- El 50% de los conflictos suscitados en Perú son de orden socioambiental; es decir, que de 257 casos registrados por la Defensoría del Pueblo, 133 casos son de la referida índole.
- El 53.68 % del territorio de Apurímac está concesionada a empresas mineras, siendo la comunidad de Fuerabamba, en la provincia de Cotabambas, una de las áreas de mayor afectación, pues sus habitantes están divididos por la actividad extractiva.
- En Cajamarca, la concesión minera abarca el 44. 67% del territorio de este departamento. Otros problemas son la contaminación del río Hualgayoc-Arascorgue por los relaves mineros; el tráfico de tierras relacionado a la minería; la criminalización de las protestas sociales y la persecución a los dirigentes y comuneros.
- El 26.16 % del territorio de Piura está concesionado. También continúan las acciones en contra de los ambientalistas y opositores a una minería responsable. Los hostigamientos provienen del personal de la minera Río Blanco Copper, la cual se resiste a cumplir los estándares legales, ambientales y sociales del país.
- El 15.8% del territorio del Cusco se encuentra concesionado a la minería. Siendo la provincia de Chumbivilcas la que presenta mayor número de concesiones mineras (90% de su territorio)
Como conclusión, el documento indica que muchos de los conflictos socioambientales registrados en el primer semestre de 2009 coinciden "en la defensa de zonas ambientales frágiles y de recursos estratégicos para el país", como la gran protesta amazónica que se saldó el 5 de junio con la muerte de 34 policías y diez civiles en la provincia selvática de Bagua.
Asimismo, el informe incide en tres condiciones que hacen más aguda esta problemática:
- La poca o nula coordinación con los gobiernos locales y regionales para dar solución a estos problemas. Los mismos han perdido toda autoridad en el tema, informándose en muchos casos cuando se inicia la fase de explotación.
- No se está informando y mucho menos consultando a las comunidades sobre la posible concesión de sus territorios, enterándose en la mayoría de los casos cuando la empresa minera desea iniciar la exploración de los territorios.
- La ausencia de una política ambiental clara que resuelva estos conflictos desde una estrategia de ordenamiento territorial en coordinación con los gobiernos locales, regionales y las comunidades.
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